La votación de noviembre será, en esencia, un referéndum sobre dos visiones opuestas.
Este otoño, la política nacional vuelve a mirar hacia California. El próximo 4 de noviembre, los votantes decidirán si aprueban la Proposición 50, una medida que podría redefinir el mapa electoral del estado y, con ello, alterar el equilibrio de poder en Washington.
La propuesta plantea suspender temporalmente la comisión ciudadana independiente de redistribución de distritos, creada para mantener neutralidad partidista, y reemplazarla con un nuevo trazado que favorece a los demócratas durante los próximos tres ciclos electorales. En términos prácticos, el plan diseñado por el gobernador Gavin Newsom busca dar la vuelta a cinco distritos hoy en manos republicanas y reforzar otros cinco escaños disputados. Si prospera, la bancada republicana en la Cámara de Representantes de EE.UU. podría reducirse a apenas cuatro miembros de los 52 que corresponden a California.
La iniciativa no surge en el vacío. A nivel nacional, el presidente Donald Trump lucha por preservar la ajustada mayoría republicana en el Congreso, que tras la última elección quedó en solo cinco escaños: la más reducida en décadas.
Este verano, legisladores de Texas convocaron una sesión especial y redibujaron distritos en ese estado, eliminando cinco asientos demócratas. Otras legislaturas conservadoras podrían seguir el ejemplo. Ante ese panorama, Newsom ha defendido que California debe “responder con la misma moneda”, aun si para ello es necesario recurrir a un mecanismo que tradicionalmente los demócratas han criticado: el “gerrymandering” o manipulación de distritos electorales.
El movimiento también tiene implicaciones personales. Con su activismo frontal contra Trump, Newsom ha ganado protagonismo nacional dentro de su partido. Un triunfo de la Proposición 50 fortalecería su imagen de líder capaz de plantar cara al presidente, en un escenario donde muchos lo ven como un potencial aspirante a la Casa Blanca en 2028.
En el otro extremo, los republicanos de California, que representan cerca de una cuarta parte del electorado estatal, intentan movilizarse para frenar la medida. Para ellos, la derrota sería devastadora: no solo significaría perder relevancia política en el estado más poblado del país, sino también dejar a Trump en desventaja en la pugna por el Congreso. Al mismo tiempo, tumbar la iniciativa podría frenar las aspiraciones nacionales de Newsom.
La votación de noviembre será, en esencia, un referéndum sobre dos visiones opuestas: mantener la neutralidad institucional de la comisión independiente o aceptar una jugada estratégica para alterar el equilibrio de poder en Washington. Lo que decidan los californianos no solo marcará el futuro político del estado, sino que podría inclinar la balanza a nivel nacional.
