El acuerdo refleja el alto costo de acceso al mercado chino en medio de una disputa tecnológica cada vez más intensa.
En un acuerdo inédito, las compañías Nvidia y AMD entregarán al gobierno estadounidense el 15% de los ingresos generados por la venta de procesadores avanzados en China. La medida busca destrabar la concesión de licencias de exportación en medio de la creciente disputa tecnológica entre Washington y Pekín.
El convenio afecta a dos de los productos más sensibles del sector: el chip H20 de Nvidia y el MI308 de AMD, diseñados para aplicaciones de inteligencia artificial. Ambos estaban sujetos a restricciones desde 2023, cuando la administración Biden endureció el control de exportaciones por motivos de seguridad nacional. El gobierno de Donald Trump decidió mantener la prohibición, pero abrió una alternativa: permitir la venta a cambio de un porcentaje directo para las arcas federales.
La decisión provocó críticas de especialistas en comercio y seguridad, que advierten que el esquema no resuelve los riesgos estratégicos. “Un pago del 15% no elimina la posibilidad de que los chips se usen en proyectos militares”, señaló Deborah Elms, del Hinrich Foundation. Otros analistas apuntaron a un posible choque con la Constitución, que prohíbe la imposición de impuestos a las exportaciones.
Nvidia defendió el acuerdo asegurando que seguirá las normas establecidas por Washington y que busca competir en igualdad de condiciones en el mercado global. AMD evitó pronunciarse. El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha sostenido reuniones con funcionarios estadounidenses, incluido el propio presidente Trump, para intentar reabrir operaciones en China.
El pacto también desató reacciones políticas. Críticos en el Congreso denunciaron que el gobierno ahora obtiene un incentivo económico para facilitar la venta de inteligencia artificial a China. En redes sociales, inversionistas lo calificaron como un “precedente peligroso” y compararon el pago con una forma encubierta de impuesto.
Beijing, por su parte, acusa a Washington de utilizar los controles de exportación como instrumento de presión unilateral y de obstaculizar el desarrollo tecnológico chino.
Para los analistas, el acuerdo refleja el alto costo de acceso al mercado chino en medio de una disputa tecnológica cada vez más intensa. Además, plantea interrogantes sobre la relación entre seguridad nacional y política comercial en Estados Unidos, en un momento en que la competencia por la supremacía en inteligencia artificial se ha convertido en una prioridad estratégica global.
