En los últimos seis meses, los ataques contra agentes de ICE aumentaron en un alarmante 830%.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que el aumento en las detenciones y deportaciones de inmigrantes en situación irregular con antecedentes penales está reduciendo de forma tangible la violencia en Estados Unidos.
Según datos oficiales, entre enero y junio de 2025, el país registró una caída del 17% en homicidios en 30 ciudades, en comparación con el mismo periodo de 2024. También bajaron las agresiones con armas de fuego (21%), las violaciones (10%) y los asaltos agravados (10%), aunque la violencia doméstica subió un 3%, de acuerdo con el último informe del Council on Criminal Justice.
Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS, destacó que el 70% de los arrestos realizados por ICE han sido de personas que enfrentan cargos o condenas por delitos graves, como asesinato, abuso sexual infantil y crímenes violentos. “Cada día estamos sacando de circulación a depredadores peligrosos”, afirmó.
Desde el regreso de Donald Trump a la presidencia el 20 de enero, la administración ha detenido a cerca de 300,000 inmigrantes en situación irregular y ha deportado a más de 239,000, según cifras del DHS.
El apoyo ciudadano parece estar del lado de estas acciones. Una encuesta reciente de Harvard-Harris revela que el 75% de los votantes respalda la expulsión de inmigrantes con historial criminal. Sin embargo, no todo es respaldo: en los últimos seis meses, los ataques contra agentes de ICE aumentaron en un alarmante 830%, impulsados por protestas violentas en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Austin.
Ante la negativa de algunas jurisdicciones a colaborar con las autoridades migratorias, el gobierno federal ha intensificado su enfoque en las llamadas “ciudades santuario”. El encargado fronterizo, Tom Homan, advirtió que estas urbes se han convertido en refugios para criminales. “Vamos a inundarlas de operativos”, dijo en una rueda de prensa en Nueva York el 21 de julio.
Aunque polémica, la estrategia migratoria del actual gobierno está dejando una huella visible en las estadísticas de seguridad pública. Para sus impulsores, se trata de una muestra clara de que el control migratorio también es una cuestión de protección ciudadana. Para sus detractores, un campo minado de tensiones legales y éticas que apenas comienza a encenderse.
