Si California adopta prácticas que antes condenaba, perdería autoridad moral en el debate nacional contra la manipulación electoral.
California se prepara para una de las batallas políticas más importantes de la década. El gobernador Gavin Newsom y la mayoría demócrata en la Legislatura estatal han impulsado una propuesta de redistritación que podría modificar drásticamente el panorama electoral del estado. De aprobarse en noviembre, el plan podría otorgar hasta cinco escaños adicionales en la Cámara de Representantes a los demócratas, consolidando aún más su poder en Washington.
La propuesta, conocida como Proposición 50, rompe con el modelo de independencia que había caracterizado a California. Desde 2008, el estado contaba con una Comisión de Ciudadanos Independientes que diseñaba los mapas de distritos para evitar manipulaciones partidistas. Sin embargo, Newsom argumenta que la situación nacional exige medidas excepcionales: con estados como Texas y Florida aprobando mapas abiertamente favorables a los republicanos, California no puede quedarse de brazos cruzados.
El nuevo mapa altera la composición de distritos tradicionalmente republicanos, como el 1 y el 3, inclinándolos hacia los demócratas. También fortalece a representantes en riesgo, como aquellos en zonas suburbanas de Los Ángeles y el Valle Central. Los estrategas demócratas calculan que, de implementarse, el cambio podría transformar escaños hoy disputados en victorias casi seguras.
Los críticos, encabezados por grupos de transparencia, denuncian que el plan contradice la tradición californiana de “juego limpio”. Señalan que si California adopta prácticas que antes condenaba, pierde autoridad moral en el debate nacional contra la manipulación electoral. Además, temen que abrir esta puerta signifique abandonar de manera permanente el principio de independencia en los mapas.
Para los defensores de la medida, la redistribución es un acto de defensa democrática. Argumentan que, si otros estados manipulan distritos para consolidar el poder de un partido, California tiene derecho a responder con la misma estrategia. “No es un capricho, es una reacción”, justifican. El plan incluso establece que solo entrará en vigor si estados como Texas continúan con sus propias re-distritaciones partidistas.
En noviembre, los votantes decidirán si avalan la Proposición 50. Más que un simple trazado de líneas, lo que está en juego es el rol de California en la pugna nacional por el control del Congreso y la definición de hasta dónde se puede torcer la democracia en nombre de defenderla.
