El debate se da en un momento en que Shapiro enfrenta críticas por el aumento del gasto en su oficina.
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, ha encendido el debate sobre el proyecto de ley SB 9, que busca prohibir que atletas transgénero compitan en deportes femeninos en escuelas y universidades públicas. Durante un evento, Shapiro calificó a los impulsores de la medida como “políticos extremistas”, acusándolos de promover restricciones a la libertad, al igual que ocurrió con intentos pasados de limitar el aborto y el matrimonio igualitario.
El Save Women’s Sports Act fue aprobado en mayo por el Senado estatal, dominado por republicanos, con el respaldo de cinco senadores demócratas. Sus defensores aseguran que protege la equidad en la competencia y preserva el espíritu del Título IX, citando casos en que atletas nacidas mujeres habrían perdido medallas o becas ante competidoras trans. Opositores, incluyendo legisladores demócratas y organizaciones LGBTQ+, argumentan que la ley es discriminatoria y que el número de atletas trans en competiciones escolares es mínimo, por lo que no existe una amenaza real para la justicia deportiva.
Shapiro no ha dicho si vetaría la propuesta si llega a su despacho, calificando la pregunta de “hipotética” y señalando que las decisiones sobre elegibilidad deberían dejarlas las autoridades deportivas, no el poder legislativo. Por ahora, el proyecto sigue estancado en la Cámara de Representantes, donde los demócratas han bloqueado su avance mediante maniobras parlamentarias.
El debate se da en un momento en que Shapiro enfrenta críticas por el aumento del gasto en su oficina. Según The Philadelphia Inquirer, el presupuesto para su equipo de comunicación supera los 11.6 millones de dólares anuales, un 69% más que el último año de su predecesor. El gobernador cuenta con 21 empleados dedicados a su imagen pública, doce de ellos con sueldos de más de 100,000 dólares, y ha sido cuestionado por usar TikTok, una red prohibida en dispositivos del Tesoro estatal por motivos de seguridad.
La pugna por SB 9 no ocurre en un vacío: forma parte de una oleada nacional de iniciativas impulsadas por legislaturas republicanas que buscan regular la participación de atletas transgénero en deportes escolares. El gobierno de Trump emitió en febrero una orden ejecutiva que prohíbe su participación en categorías femeninas a nivel federal, y la Asociación Interestatal de Atletismo de Pensilvania ya ha ajustado sus reglas para alinearse con esa directriz. Los críticos señalan que esta combinación de presiones estatales y federales abre la puerta a un mosaico de reglas inconsistentes, dejando a estudiantes y escuelas en medio de un conflicto político que supera el ámbito deportivo.
Con encuestas que indican que alrededor del 64% de los habitantes de Pensilvania y casi el 80% de los estadounidenses apoyan limitar los deportes femeninos a quienes fueron asignadas mujeres al nacer, la discusión sobre SB 9 se mantiene como un tema políticamente delicado. La postura ambigua de Shapiro podría ser parte de una estrategia para proteger su perfil de centro y no cerrarse puertas ante un posible salto a la política nacional.
