Su propuesta tiene dos frentes. El primero: usar inteligencia artificial para poner orden en el inventario militar. El segundo frente apunta directamente al gasto opaco.
La senadora Joni Ernst, republicana de Iowa, quiere que el Pentágono rinda cuentas. A través del proyecto de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), busca obligar al Departamento de Defensa a mostrar, por fin, en qué se gasta el dinero y por qué no ha logrado superar una auditoría en toda su historia.
Su propuesta tiene dos frentes. El primero: usar inteligencia artificial para poner orden en el inventario militar. Hoy, el Pentágono ni siquiera sabe con precisión cuántos equipos posee, lo que impide auditar su patrimonio. La iniciativa de Ernst instruye al contralor general a evaluar sistemas comerciales de gestión de activos basados en IA que permitan categorizar equipamiento, identificar reemplazos urgentes y centralizar la información en la nube. La meta: digitalizar modelos, números de serie y toda la información clave antes del 1 de febrero de 2026.
El segundo frente apunta directamente al gasto opaco. Ernst quiere cerrar una rendija legal que permite al gobierno federal, y en especial al Departamento de Defensa, canalizar miles de millones de dólares a través de convenios llamados Other Transaction Agreements, que no requieren el mismo nivel de transparencia que subsidios o contratos. Solo en 2023, más de $18,000 millones escaparon al escrutinio público gracias a este mecanismo. Entre 2020 y 2022, la cifra superó los $40,000 millones.
La propuesta incorporaría el lenguaje de su ley bipartidista Stop Secret Spending Act, que obligaría al Pentágono a reportar esos convenios en USAspending.gov, el sitio que rastrea los desembolsos federales.
“Si el IRS puede exigirte hasta el último centavo, tú también tienes derecho a saber qué hacen con tu dinero en Washington”, declaró Ernst. “Se acabó el juego del escondite con los dólares del contribuyente. Vamos por transparencia real”.
Con esta iniciativa, la senadora no solo pone presión sobre el mayor presupuesto del gobierno federal, sino que abre un debate sobre la modernización y la rendición de cuentas en una de las agencias más poderosas, y menos auditadas, del país.
