Tras pausar temporalmente la emisión de certificados de registro, el organismo reanudó actividades.
En uno de los momentos más decisivos para el futuro del copyright en Estados Unidos, la Oficina de Derechos de Autor (USCO, por sus siglas en inglés) se encuentra atrapada en una maraña política. Mientras los tribunales lidian con demandas clave que podrían redefinir la relación entre la inteligencia artificial y los derechos de autor, la entidad responsable de trazar el rumbo permanece sin liderazgo claro.
Todo comenzó en mayo, cuando Shira Perlmutter, entonces directora del organismo, fue despedida abruptamente por correo electrónico, una acción ordenada por la Casa Blanca. Perlmutter, que aún se considera legalmente en el cargo, ha demandado al gobierno de Trump, argumentando que su destitución fue inconstitucional y que solo la Biblioteca del Congreso tiene potestad para removerla. Al mismo tiempo, la Casa Blanca asegura que el presidente tiene autoridad para nombrar y destituir tanto al Bibliotecario del Congreso como al director de la USCO.
El despido de Perlmutter se dio pocos días después de que la propia bibliotecaria, Carla Hayden, fuera removida de forma similar. En su lugar, la administración designó a Todd Blanche, un antiguo abogado defensor de Trump, como bibliotecario interino, quien a su vez habría nombrado a Paul Perkins como jefe provisional de la USCO. Sin embargo, dentro de la Biblioteca del Congreso, Robert Newlen, un veterano de la institución, se proclamó bibliotecario interino, rechazando los nombramientos hechos desde el Ejecutivo. El resultado: un vacío de poder y confusión institucional.
Mientras las batallas legales se desarrollan tras bambalinas, la oficina intenta seguir operando. Tras pausar temporalmente la emisión de certificados de registro, el organismo reanudó actividades… pero ahora los documentos se entregan sin la firma de Perlmutter, lo que ha generado dudas sobre su validez y posibles impugnaciones judiciales. Expertos advierten que esta situación podría debilitar las defensas legales de quienes busquen proteger sus obras.
Además, la parálisis amenaza otras funciones clave, como la recertificación de organismos encargados de gestionar regalías digitales y el nombramiento de nuevos integrantes para tribunales de disputas por copyright. Todo esto ocurre mientras la oficina es pieza clave en la discusión sobre los límites del uso de obras protegidas para entrenar modelos de IA, un tema que ya ha alimentado nuevas demandas colectivas contra herramientas como Suno y Udio.
El Congreso y la Casa Blanca negocian una salida a este embrollo, mientras la incertidumbre persiste en un momento en el que el sector cultural y tecnológico del país necesita respuestas urgentes.
