El Departamento de Justicia afirma que aplicará “todo el peso de la ley” contra quienes ataquen a personal federal.
Un hombre armado con equipo táctico y un rifle de asalto fue abatido el lunes tras emboscar a agentes de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas—otro recordatorio violento del aumento de amenazas contra las fuerzas del orden en la frontera sur. El ataque ocurrió en una instalación anexa en el Valle del Río Grande, uno de los sectores más activos y peligrosos para los agentes fronterizos.
Los agentes federales y la policía local respondieron de inmediato, neutralizando al atacante antes de que causara más daños. Ningún agente federal resultó herido, aunque un oficial de policía de McAllen recibió un disparo y se encuentra en condición estable.
No fue un hecho aislado. Días antes, otro oficial fue herido en un ataque coordinado cerca de una instalación de ICE en Alvarado, Texas. En ese caso, individuos enmascarados y con chalecos antibalas utilizaron fuegos artificiales para atraer a las autoridades antes de abrir fuego y vandalizar vehículos y propiedad federal. Ocho sospechosos fueron arrestados.
El Departamento de Justicia investiga ambos casos como ataques deliberados y premeditados contra agentes federales. “No toleraremos ningún asalto contra oficiales o propiedades federales,” afirmó el vicefiscal general Todd Blanche. “Aplicaremos todo el peso de la ley.”
Estos hechos han reavivado el debate sobre si el gobierno federal está haciendo lo suficiente para disuadir estos ataques—y si el liderazgo actual proyecta firmeza o debilidad ante el caos creciente en la frontera. En McAllen y Alvarado, el FBI lidera las investigaciones, tratando ambos ataques como señales de un extremismo antifederal en aumento.
Los incidentes coinciden con otros disturbios frente a instalaciones del DHS en Portland, Oregón, lo que resalta una tendencia alarmante: agitadores radicales y elementos criminales organizados ven cada vez más a las autoridades migratorias como blanco de ataques.
Aún no se han revelado los nombres ni afiliaciones de los sospechosos, pero el patrón es claro: no son actos aleatorios. Son parte de una campaña creciente para intimidar a las fuerzas del orden y debilitar la seguridad nacional, justo cuando la frontera sur ya enfrenta una crisis sin precedentes.
Los estadounidenses esperan que su gobierno proteja a quienes defienden la frontera. Cualquier duda o debilidad frente a estos ataques solo alentará más violencia.
El Departamento de Justicia afirma que aplicará “todo el peso de la ley” contra quienes ataquen a personal federal.
Un hombre armado con equipo táctico y un rifle de asalto fue abatido el lunes tras emboscar a agentes de la Patrulla Fronteriza en McAllen, Texas—otro recordatorio violento del aumento de amenazas contra las fuerzas del orden en la frontera sur. El ataque ocurrió en una instalación anexa en el Valle del Río Grande, uno de los sectores más activos y peligrosos para los agentes fronterizos.
Los agentes federales y la policía local respondieron de inmediato, neutralizando al atacante antes de que causara más daños. Ningún agente federal resultó herido, aunque un oficial de policía de McAllen recibió un disparo y se encuentra en condición estable.
No fue un hecho aislado. Días antes, otro oficial fue herido en un ataque coordinado cerca de una instalación de ICE en Alvarado, Texas. En ese caso, individuos enmascarados y con chalecos antibalas utilizaron fuegos artificiales para atraer a las autoridades antes de abrir fuego y vandalizar vehículos y propiedad federal. Ocho sospechosos fueron arrestados.
El Departamento de Justicia investiga ambos casos como ataques deliberados y premeditados contra agentes federales. “No toleraremos ningún asalto contra oficiales o propiedades federales,” afirmó el vicefiscal general Todd Blanche. “Aplicaremos todo el peso de la ley.”
Estos hechos han reavivado el debate sobre si el gobierno federal está haciendo lo suficiente para disuadir estos ataques—y si el liderazgo actual proyecta firmeza o debilidad ante el caos creciente en la frontera. En McAllen y Alvarado, el FBI lidera las investigaciones, tratando ambos ataques como señales de un extremismo antifederal en aumento.
Los incidentes coinciden con otros disturbios frente a instalaciones del DHS en Portland, Oregón, lo que resalta una tendencia alarmante: agitadores radicales y elementos criminales organizados ven cada vez más a las autoridades migratorias como blanco de ataques.
Aún no se han revelado los nombres ni afiliaciones de los sospechosos, pero el patrón es claro: no son actos aleatorios. Son parte de una campaña creciente para intimidar a las fuerzas del orden y debilitar la seguridad nacional, justo cuando la frontera sur ya enfrenta una crisis sin precedentes.
Los estadounidenses esperan que su gobierno proteja a quienes defienden la frontera. Cualquier duda o debilidad frente a estos ataques solo alentará más violencia.
