La reforma del CDC se ha convertido en una prioridad nacional.
Después de 75 años preparándose para una crisis como la del COVID-19, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), no estuvo a la altura. Así lo reconoció su propia directora, la doctora Rochelle Walensky, en 2022: la agencia falló en coordinar, informar y proteger a la población.
Esto no fue solo un desafío de ejecución, sino que también reflejó problemas estructurales subyacentes. Durante la pandemia, el CDC emitió mensajes contradictorios, tuvo dificultades para recopilar y compartir datos en tiempo real, y sus recomendaciones —especialmente sobre cierres escolares y vacunación infantil— estuvieron marcadas por presiones políticas más que por evidencia científica. Muchos de estos problemas se han atribuido a complejidades legislativas y burocráticas de larga data.
La propuesta de reforma impulsada por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., busca devolver al CDC a su propósito original: detectar, controlar y prevenir enfermedades infecciosas. Para ello, se plantea redefinir su misión, transferir funciones no esenciales a otras agencias y establecer una nueva estructura operativa más eficaz.
Entre las medidas clave está la necesidad de que el Congreso le otorgue una autorización legal clara, y reubicar funciones como la promoción de la salud o la investigación biomédica en otras agencias más especializadas, como los Institutos Nacionales de Salud. También se propone modernizar el sistema nacional de datos en salud pública, para que funcione en tiempo real y bajo supervisión estricta del Congreso.
Una de las reformas más urgentes tiene que ver con la vigilancia de efectos adversos de vacunas. Hoy, el sistema VAERS se basa en reportes no verificados y es incapaz de establecer relaciones causales. Se propone transferir esta tarea completamente a la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, una agencia reguladora con mayor capacidad técnica.
Por el contrario, el CDC debería recuperar la gestión del Stock Nacional Estratégico, que falló durante el COVID por falta de suministros clave. La idea es que el CDC vuelva a encargarse de este inventario crítico con supervisión directa del Congreso.
Además, se sugiere trasladar su sede de Atlanta a Washington, D.C., para facilitar el acceso directo a líderes federales en situaciones de emergencia. Y se plantea descentralizar operaciones para fortalecer la colaboración con gobiernos estatales y locales mediante oficinas regionales.
Finalmente, se propone crear una fuerza conjunta CDC-Departamento de Defensa especializada en bioseguridad. Ante la posibilidad de pandemias originadas en laboratorios o regiones políticamente inestables, algunos expertos y funcionarios han expresado preocupaciones sobre la confiabilidad de la Organización Mundial de la Salud durante la pandemia de COVID-19, citando la falta de respuestas tempranas y la difusión de información errónea.
Según la propuesta, proteger a la población requiere instituciones con capacidad, una misión clara y recursos adecuados.
