Violencia y vandalismo en nombre de la protesta: ICE y la Patrulla Fronteriza bajo fuego en las calles de Los Ángeles.
Las protestas en respuesta a recientes operaciones de ICE se tornaron violentas este fin de semana en el condado de Los Ángeles, dejando agentes federales heridos y provocando una respuesta inmediata del gobierno federal. El incidente más grave ocurrió en la ciudad de Paramount, donde agentes de la Patrulla Fronteriza fueron atacados al retirarse de una manifestación. Según fuentes oficiales, manifestantes lanzaron piedras y otros objetos, causando daños a vehículos del gobierno e hiriendo a oficiales.
El director del FBI, Kash Patel, condenó los ataques y advirtió que toda agresión contra las fuerzas del orden será investigada y procesada. “No importa de dónde venga alguien o qué causa defienda, agredir a un agente federal es un delito grave”, afirmó.
Ante el aumento de disturbios, el presidente Donald Trump firmó un memorando autorizando el despliegue de hasta 2,000 miembros de la Guardia Nacional en el condado de Los Ángeles, en lo que representa la intervención federal más significativa desde que comenzaron las manifestaciones el viernes por la noche.
Esa misma noche, más de mil personas se congregaron frente a un edificio federal en Los Ángeles. Se reportaron actos de vandalismo, daños a la propiedad y la quema de un vehículo sobre Atlantic Boulevard. El Departamento de Seguridad Nacional confirmó varias detenciones por agresiones a oficiales federales.
El jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael W. Banks, advirtió sobre el peligro que representan los proyectiles lanzados por los manifestantes. Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reiteró que toda violencia contra las fuerzas del orden será castigada con todo el peso de la ley. “Estos ataques no son protestas pacíficas, son crímenes”, afirmó.
El subdirector del FBI, Dan Bongino, indicó que las investigaciones continúan y advirtió que los responsables serán identificados. “Es solo cuestión de tiempo”, dijo, en referencia a futuras detenciones.
Mientras algunos líderes locales expresan preocupación por el impacto de las redadas en las comunidades inmigrantes, otros recalcan la necesidad de mantener el orden público y proteger tanto el derecho a manifestarse como la seguridad de los oficiales.
A pesar de las tensiones, las autoridades federales afirman que su prioridad sigue siendo garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y hacer cumplir la ley sin excepciones.
