Con el retiro ordenado de la Guardia Nacional ya en marcha, California ,y el país, entran en una fase crítica, donde restaurar el orden civil y el respeto mutuo será puesto a prueba.
Tras semanas de protestas crecientes en respuesta a operativos legales de inmigración, la congresista Nancy Mace, junto con legisladores como Brandon Gill, presentó un proyecto de ley para limitar los fondos federales a ciudades que obstruyan la cooperación con las autoridades federales. Estas “ciudades sin ley”, como las define la propuesta, han rechazado sistemáticamente los esfuerzos federales por mantener la seguridad pública y aplicar la ley migratoria. El proyecto otorga al Fiscal General la facultad de determinar qué jurisdicciones incumplen, reflejando una creciente demanda de rendición de cuentas por parte del Congreso.
La propuesta llega después de que el presidente Trump ordenara el despliegue de más de 4,000 miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles para apoyar a las agencias locales, ya sobrepasadas por la magnitud de los disturbios. Aunque el gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta impugnaron la medida en los tribunales, la administración la defendió como necesaria y legítima bajo los poderes establecidos en el Título 10, especialmente ante los actos de violencia y el deterioro de la seguridad en varias ciudades. Si bien un juez federal emitió una orden de restricción temporal, el proceso legal continúa y la Casa Blanca ha apelado la decisión para defender su deber constitucional de preservar la paz interna.
En todo el país, las tensiones han ido en aumento. En ciudades como Chicago, Denver y San Antonio, las autoridades han tenido que responder a disturbios, actos vandálicos y agresiones contra las fuerzas del orden. La imagen del senador Alex Padilla siendo temporalmente esposado durante una conferencia federal refleja el clima de alta tensión que las agencias federales intentan contener.
Ahora que comienza el repliegue de la Guardia, la responsabilidad recae sobre los líderes locales: deben demostrar que el orden puede mantenerse de forma pacífica y legal. La administración actuó donde otros no lo hicieron, para proteger a las comunidades, salvaguardar la infraestructura pública y respaldar a los oficiales que enfrentaban hostilidad creciente.
Mientras el Congreso debate los próximos pasos, hay un principio que debe mantenerse firme: la ley federal no es opcional. Una democracia funcional requiere diálogo, sí, pero también respeto al Estado de Derecho. La reforma migratoria merece atención, pero no a costa de la seguridad pública ni de la cohesión nacional.
