Según el director de la Asociación Estadounidense de Valores, firmas como Alibaba utilizan estructuras opacas que simulan propiedad accionaria.
A través de estructuras financieras complejas y lagunas regulatorias, miles de millones de dólares estadounidenses están llegando a empresas vinculadas al Partido Comunista Chino sin que muchos inversionistas lo sepan. Así lo advirtió Chris Iacovella, director de la Asociación Estadounidense de Valores, durante una audiencia conjunta en el Congreso.
“Los estadounidenses están financiando, sin querer, desde campos de detención de uigures, una minoría étnica musulmana de origen turco que vive principalmente en el noroeste de China, hasta tecnologías militares del Ejército Popular de Liberación”, dijo Iacovella. “Y todo esto ocurre bajo la fachada de inversiones legales en Wall Street”.
El primer mecanismo que facilita este flujo de capital es el uso de las llamadas “entidades de interés variable” (VIE, por sus siglas en inglés). Estas estructuras permiten que compañías chinas —como Alibaba— coticen en la bolsa de Estados Unidos sin ceder propiedad real a los inversionistas. En lugar de comprar acciones, los estadounidenses adquieren derechos contractuales sobre una firma registrada en las Islas Caimán, que a su vez mantiene vínculos con la empresa matriz en China. Si algo sale mal, los derechos del inversionista no van más allá del Caribe.
El segundo atajo es lo que Iacovella denomina la “trampa del índice pasivo”. A través de fondos indexados —instrumentos que agrupan acciones para replicar el comportamiento del mercado— empresas chinas logran acceso automático al dinero de los inversionistas estadounidenses, a pesar de no cumplir con ninguna regulación financiera, ambiental o laboral de EE.UU.
“Mientras las empresas estadounidenses pagan altos costos por cumplir las leyes, sus competidoras chinas operan sin reglas y aun así acceden a nuestro capital”, advirtió Iacovella. “Eso no es competencia, es subsidio involuntario”.
Aunque algunas firmas aseguran que dejarían de invertir en esas compañías si el Congreso lo prohíbe, en la práctica —según Iacovella— ejercen presión constante para bloquear o debilitar cualquier intento legislativo.
Frente a esto, legisladores de ambos partidos han impulsado una propuesta para identificar y restringir el acceso a capital estadounidense de empresas chinas con vínculos militares o involucradas en tecnologías sensibles.
“El dinero de los estadounidenses debería financiar innovación, empleo y desarrollo aquí, no prácticas autoritarias en Pekín”, concluyó Iacovella.
La Asociación Estadounidense de Valores, que representa a unas 100 firmas fuera del circuito de Wall Street, promueve reformas que cierren estos vacíos legales y devuelvan el control a los inversionistas.
